El Gobierno ha introducido en el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial una modificación de la Ley General Tributaria que podría afectar a la transparencia en el uso de sistemas informáticos, algoritmos e inteligencia artificial por parte de la Administración tributaria.
La reforma planteada modificaría el artículo 116 de la Ley General Tributaria paraestablecer el carácter reservado de determinada información relativa a los sistemasutilizados por Hacienda en sus actuaciones de aplicación de los tributos. En concreto, se prevé que dicha información no sea objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se ponga de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos.
Según la justificación de la medida, el objetivo sería evitar que el conocimiento de estas herramientas pueda comprometer la eficacia de las actuaciones administrativas o facilitar conductas de elusión fiscal. Entendemos que esta modificación podría afectar al principio de transparencia y al derecho de defensa de los contribuyentes. En particular, si un contribuyente es seleccionado para una comprobación o inspección mediante criterios automatizados o sistemas algorítmicos, podría ver limitado su derecho a conocer qué elementos han motivado dicha selección.
Queremos recalcar que la redacción propuesta presenta cierta ambigüedad, especialmente al referirse a la imposibilidad de comunicar esta información a “órganos ajenos a la aplicación de los tributos”, sin concretar si ello podría alcanzar únicamente a otros órganos administrativos o también a órganos judiciales.
Esta cuestión cobra especial relevancia tras recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo en materia de transparencia algorítmica en la Administración Pública, en los que se ha destacado la importancia de que los ciudadanos puedan comprender el funcionamiento de sistemas automatizados cuando estos inciden en decisiones administrativas.
En cualquier caso, la medida se encuentra todavía en fase de tramitación parlamentaria, por lo que habrá que seguir su evolución y el texto definitivo que finalmente pueda aprobarse.
Desde AP Consultores seguiremos atentos a esta reforma y a sus posibles implicaciones prácticas para los contribuyentes, especialmente en materia de procedimientos de comprobación, inspección tributaria y garantías de defensa.
